La Jornada: México SA

▲ Rifles de asalto en la Expo Gun Show en Tucson, Arizona.Foto Afp

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o sorprende a nadie, porque en buena parte del mundo el aparato judicial está al servicio de los grandes intereses económicos: la Corte Suprema de Estados Unidos desechó, por unanimidad, una de las dos demandas que el gobierno mexicano presentó en contra de ocho corporativos gringos que descaradamente venden armas a los cárteles de la droga. Para los togados de allá la ecuación es sencilla: esas empresas sólo hacen negocios, México pone los muertos y el vecino del norte se lava las manos.

Queda claro que, más allá del discurso meloso que en ocasiones utiliza el gobierno estadunidense (cuando le conviene, desde luego) sobre la vecindad con México y los piropos que de vez en vez Donald Trump lanza a la presidenta Sheinbaum, que la Casa Blanca y todo su aparato gubernamental no están dispuestos a participar en la solución de los problemas bilaterales (venta ilegal de armas, tráfico de drogas, etcétera), porque según su imperial decisión debe ser el vecino del sur quien obligadamente mantenga limpia la frontera, asuma los costos y pague las consecuencias, mientras allá las autoridades no mueven un dedo y simplemente voltean para otro lado, siempre en defensa de su sacrosanta industria armamentística. No fuera el asunto al revés, porque ya estarían los marines cruzando la línea divisoria.

Tras conocerse el fallo de la corte Suprema de Estados Unidos, de dientes para afuera Ronald Johnson (ex coronel, ex agente de la CIA y actual embajador en México) afirmó que el gobierno de Trump tiene voluntad en la cooperación en la lucha contra el tráfico ilegal de armas; trabajamos con la presidenta Sheinbaum y su equipo para frenarlo hacia el sur y desmantelar las redes que alimentan la violencia; juntos hacemos a nuestros países más fuertes y seguros; confiamos en que esta relación seguirá generando resultados positivos para las dos naciones. Y listo: a otra cosa, mientras el flujo ilegal de armas para los cárteles goza de cabal impunidad.

Los togados gringos aseguran ( La Jornada, David Brooks y Jim Cason) que “la demanda de México no alega de manera plausible que los fabricantes de armas acusados ayudaron e instigaron las ventas ilegales de armas de fuego a los traficantes mexicanos, escribió la autora del fallo, la jueza liberal Elena Kagan (en 2010 Barack Obama la nominó al puesto; antes fue procuradora general de Estados Unidos, y previamente fue abogada adjunta de la Casa Blanca con Bill Clinton en la Oficina Oval).

La Suprema Corte reconoce que México enfrenta un problema severo de violencia de armas de fuego, pero tenemos pocas dudas de que, como afirma la demanda, algunas ventas de este tipo sí se hacen, y los fabricantes saben que eso sucede. A su vez, los fabricantes de armas argumentaron que no pueden ser culpados penalmente, ya que una ley federal de 2006 protege a los armeros de demandas por personas dañadas por sus productos y el tribunal aceptó ese razonamiento (ídem).

Al desechar la citada demanda queda al descubierto, por si a estas alturas alguien lo dudara, la complicidad de los togados gringos con sus corporativos, y en torno a esto la presidenta Sheinbaum recordó que el Departamento de Justicia ha reconocido que 75 por ciento de las armas incautadas en México provienen ilegalmente del país vecino.

Está pendiente otra demanda en contra de expendedoras y distribuidoras de armas, radicada en Tucson, Arizona. La intención de mi gobierno es insistir y, al mismo tiempo, continuar trabajando con el gobierno de Estados Unidos; hay receptividad de que se trata no solo de que no haya paso de estupefacientes desde México, sino de armas desde Estados Unidos.

Además, dijo, “tenemos un registro muy detallado de cada arma incautada en territorio mexicano, su número de serie, de dónde viene ( made in USA) y en qué actividad delictiva participó”. Pero la Corte asegura que no hay relación. ¿En serio? Eso se llama complicidad.

Las rebanadas del pastel

Quienes hoy ácidamente cuestionan la elección judicial son los mismos que no hace mucho defendieron impúdicamente el fraude electoral (haiga sido como haiga sido), la ilegal compra de votos (tarjetas Monex y conexos), el pase de charola entre los oligarcas para financiar candidatos (1993, en casa de Antonio Ortiz Mena) y demás trapacerías del sistema. Pero hoy se desgañitan y retuercen porque, dicen, la elección judicial fue un engaño y el número de votos ridículo. Y lo gritan quienes en 2006 protegieron y avalaron el descarado atraco de Felipe Calderón y la tesis de que un solo voto hace la diferencia y debe respetarse. Ayer aplaudieron, hoy lloran. Obscenos.

X: @cafevega

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